La austeridad no alcanza a las arcas públicas catalanas en materia de contratación de funcionarios. Mientras las cifras de desempleo en Cataluña baten mes a mes nuevos récods históricos, el contingente de asalariados del sector público en esta comunidad ha crecido en 39.400 personas, lo que supone un incremento del 11%, según el Indicador Laboral de Comunidades Autónomas (ILCA) que elabora la escuela de negocios IESE y la empresa de trabajo temporal Adecco.
Aunque Cataluña es una de las comunidades españolas que tiene un menor ratio de personas que trabajan para alguna administración, con un 8% frente a la media nacional del 12,6%, el estudio ILCA revela que del primer trimestre de 2008 al primer trimestre de este año, el sector público catalán se ha incrementado un 2,2% en relación a la ocupación total, hasta alcanzar un 12,3%.
Una razón que explica la baja tasa de empleo público en Cataluña es la existencia de una importante red de servicios educativos y sanitarios gestionados de forma privada pero en muchos casos pagados por la Administración, como es el caso de los colegios concertados o de las mutuas que dan servicio a la Seguridad Social.
Los 39.400 nuevos funcionarios que las administraciones catalanas han contratado en un año engrosan los aproximadamente 300.000 funcionarios de la comunidad. Unas cifras que contrastan, según el mismo informe del IESE y Adecco, con la pérdida en el mismo periodo de 273.800 empleos en el sector privado (una caída del 10,6%), a los que hay que añadir los 69.900 autónomos que han dejado su actividad y que supone un descenso del 11,8%.
De la misma forma que el presidente de la Generalitat, José Montilla, reclamó en las jornadas del Círculo de Economía celebradas el pasado fin de semana en Sitges, que los empresarios inviertan más en investigación, desarrollo e innovación, desde la iniciativa privada se pide a los poderes públicos que en una recesión como la actual realicen un esfuerzo por optimizar recursos y adelgazar sus costes.
El informe del ILCA indica la dirección contraria, ya que las arcas de las administraciones catalanas se han convertido en un saco roto. A la falta de ingresos por culpa de la crisis -los impuestos derivados de la actividad inmobiliaria y de la matriculación de vehículos se han reducido a la mínima expresión-, hay que unir los ingentes gastos derivados del pago mensual del sueldo a los funcionarios.

Fuente: ABC.es

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